En Cara y Ceca, Giselle Santana, integrante de la Asamblea Multisectoral del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), dialogó con Juan Pablo Arias sobre la cautelar que permitió frenar el desmantelamiento del organismo. “La presentación que se hizo fue impulsada por ATE Nación y plantea la inconstitucionalidad del decreto. La jueza indicó que hasta tanto se resuelva impide que el gobierno tome medidas administrativas vinculadas al DNU. Nosotro ya habíamos presentado una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad. Es una buena noticia, por seis meses la Casa Rosada no podría generar una nueva estructura ni despida a nadie”, indicó Santana. Y agregó: “El decreto atenta contra la estabilidad del empleo público y el Poder Ejecutivo se extralimita en sus las facultades delegadas, porque el INTI estaba expresamente fuera de la lista de organismos a desmantelar”. Santana, que es delegada de ATE, señaló también que “el Poder Ejecutivo no puede legislar y pasar por encima del Congreso” y que la normativa del gobierno establece prácticamente una eliminación del INTI: “Es importante en varios niveles. Si queremos un país industrializado es imposible sin el Instituto, porque nació para eso, para promover las pequeñas y medianas empresas. Hoy muchas exportan gracias al trabajo del organismo, porque brinda transferecia tecnológica, capacitaciones y personal formado”. El INTI tiene centros de desarrollo en todo el país, en cada una de las provincias, y cuenta con 2.300 trabajadores: “Se habla de que está sobredimensionado, pero no lo está en absoluto. El impacto de la tarea abarca a todas las ramas de la industria, desde el caucho hasta el plástico, pasando por la mecánica. Es más, falta gente y un 25% del personal se fue desde que asumió Javier Milei, porque hace un año no tenemos un aumento. Igual no hay trabajo más grande que trabajar para las mayorías”.