La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, dependiente del CIN, expresó preocupación ante recortes presupuestarios, suspensión de obras de infraestructura, ausencia
de funcionarios responsables y despidos de trabajadores.
La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH), dependiente del CIN e integrada por nuestra Universidad, emitió una declaración que reafirma el compromiso de sus instituciones respecto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, en ese marco, denuncia “desmantelamiento de áreas claves” en el Estado. A continuación, se transcribe el comunicado completo:
“Educar en y para los derechos humanos es un principio ético y un objetivo que el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) ha reafirmado en múltiples ocasiones. Se trata de una tarea
que desborda las aulas y que las instituciones universitarias desarrollan en conjunto con
organismos estatales y actores sociales. Sin políticas públicas de derechos humanos todo ese
quehacer se debilita. Por ello vemos con preocupación el desmantelamiento de áreas claves de
las políticas de ‘Memoria, verdad y justicia’.
La falta de presupuesto para actividades, la suspensión de obras de infraestructura, la ausencia
de funcionarios responsables en la Dirección Nacional de Sitios y los despidos de trabajadores
y trabajadoras son algunos de los mayores problemas que transitan los espacios de memoria
en la actualidad. De esta manera peligra la preservación de estos lugares históricos, pero,
también, se imposibilita la continuidad de la tarea de promoción con escuelas y universidades.
Estas actividades son centrales para que las casas de estudio lleven adelante los programas de
educación en derechos humanos.
La búsqueda de verdad y la obtención de justicia sufren un duro revés a partir de la eliminación
del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas
(ERyA) del Ministerio de Defensa que había sido creado en 2010. El trabajo profesional y
sistemático de este equipo archivístico logró recuperar documentación clave sobre la
represión y daba respuesta a los requerimientos judiciales en causas en las que se juzgan los
crímenes de lesa humanidad. En el mismo sentido, el desmantelamiento del Programa
Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), que filmaba los juicios orales, implica un retroceso en materia de
acceso a la información y de producción de fuentes históricas que son únicas como patrimonio
colectivo y para futuras investigaciones académicas.
En materia de políticas archivísticas y de acceso a la información, también, se discontinuó la
mesa de trabajo que funcionaba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que promovía la
desclasificación de documentos de dicho organismo. Se suma, además, el achicamiento del
equipo de profesionales del Archivo Nacional de la Memoria y la falta de nombramiento de
un/una directora/a de esa área que preserva fondos documentales como el de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
La búsqueda y restitución de la identidad de niñas y niños apropiados durante la última
dictadura sufre similares recortes. El despido de personal de las unidades de investigación de
la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI) y las negativas a colaborar por
parte de otras áreas del Estado dificulta el esclarecimiento de más de 7.000 denuncias que se
encuentran en análisis en esta instancia prejudicial.
Estas medidas se producen en un marco de descalificación a las demandas de “Memoria,
verdad y justicia”, que van desde la minimización de los crímenes cometidos hasta su
negación, que cuestionan los símbolos de la lucha por los derechos y atacan a muchas de sus
figuras. En los últimos meses se han producido actos negacionistas que no han sido
repudiados por las autoridades.
En este sentido, expresamos nuestro repudio a la visita que legisladoras y legisladores hicieran
de manera reciente a los genocidas presos en la Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Lo
hacemos desde el convencimiento de que este acto se convierte en una reivindicación de las
formas más perversas del terrorismo de Estado con su derrotero de tortura, cárcel, violaciones,
robo de niños, muerte y desaparición forzada durante la dictadura genocida. Es inadmisible
que quienes asumen una banca como expresión de la voluntad popular y democrática
intenten instalar los actos de la dictadura militar como ejemplo a seguir.
Todos estos retrocesos se producen en el marco de otras políticas que afectan negativamente
el cumplimiento de los derechos humanos, como la represión a la protesta social, el
desmantelamiento de áreas y programas dedicados al género y las diversidades sexuales y la
falta de atención a la situación de pobreza cada vez más urgente.
El fortalecimiento de las políticas de “Memoria, verdad y justicia” es una obligación del Estado.
Conocer lo sucedido, juzgar a responsables y recordar y reparar a las víctimas son la base de
garantizar que los hechos no vuelvan a ocurrir. Desde las instituciones universitarias públicas
educamos en y para los derechos humanos con esta misma mirada y para que fortaleciendo la
democracia podamos dar respuesta a las necesidades del presente.
La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del CIN reafirma, una vez más, el
compromiso con un mundo de iguales, en el que se teja el pasado y el presente histórico para
construir futuros.
22 de julio de 2024″