En Cara y Ceca el secretario General de la Asociación Judicial de Entre Ríos, José María Segura, dialogó con Juan Pablo Arias sobre el proyecto para reemplazar el Iosper con una nueva obra social provincial. La entidad está integrada en el Frente Sindical que ya ha manifestado su rechazo a la iniciativa. “El frente incluye a sindicatos, pero también a asociaciones. Es multisectorial y busca defender el carácter histórico del Iosper”, indicó Segura. Y agregó: “El gobierno pretende apropiarse de la obra social, que no es del Estado ni del Poder Ejecutivo, es de los trabajadores. Se financia con aportes del agente y del empleador. El Estado hace un aporte que es obligatorio, por ley”. El dirigente reconoció el funcionamiento deficiente de la obra social, pero dijo que no es justificación para la intervención: “Siempre hay cosas para corregir, el sistema de salud está en tensión de forma permanente. También es cierto que, con las dificultades que ha habido, tenía superavit hasta 2023 y las prestaciones se cubrían”. Segura apuntó que “si hubo irregularidades, que se denuncien y que paguen los que deban pagar”. “No tenemos objeciones, pero el déficit es producto de la devaluación de diciembre de 2023, que generó un incremento del 400% en los remedios, a la par de una inflación desmedida. A eso se le suman sueldos que han ido por detrás y por ende los aportes quedaron cortos”, resaltó luego. El secretario General de AJER fue enfático sobre la iniciativa del gobierno: “No fuimos invitados a una mesa de diálogo ni nos llamaron, nos enteramos como todo el mundo. Tampoco nos parece lógico. De igual modo no nos interesa discutir el proyecto del gobierno, nosotros queremos defender la ley que crea el Iosper”. Para cerrar, el gremialista apuntó que se evalúan acciones, como exponer su mirada en las comisiones del Senado y encontrarse con los bloques de la Legislatura. Por el momento, no se analizan manifestaciones ni medidas de fuerza.