La Maestría en Salud Mental de la FTS, en su carácter de representante de UNER en la Red Federal Universitaria en Salud Mental Comunitaria, difundió el documento elaborado por dicha Red en respuesta a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental propuesta por el Poder Ejecutivo.
En una entrevista con el programa Cara y Seca, la coordinadora de la Maestría de Salud Mental y Licenciada en Trabajo Social, Teresa Chelotti, se refirió a la reforma de ley que se busca desde el gobierno nacional y cómo los especialistas advierten que dichos cambios representan un retroceso en materia de derechos humanos.
El posicionamiento de la Red
Uno de los ejes centrales del planteo es que el debate se desarrolla sin datos ni instancias de participación. En ese marco, se propone retomar el funcionamiento de los ámbitos federales ya existentes, como el Consejo Federal de Salud Mental y los órganos de revisión previstos en la ley vigente.
El comunicado denuncia con firmeza los graves retrocesos en materia de derechos humanos que implica este proyecto. No se trata de ajustes técnicos, sino de un embate directo contra el acceso a la atención pública en salud mental, a las condiciones dignas de internación, la participación efectiva de usuarias y usuarios, y el enfoque interdisciplinario construido a lo largo de años.
Este proyecto amenaza con desmantelar años de conquistas legales y prácticas sostenidas al amparo de la Ley Nacional de Salud Mental. Bajo un discurso técnico, la decisión política es establecer una barrera territorial que restringe el acceso al derecho a la salud mental y excluir las voces de usuarias y usuarios.
Durante el segundo semestre de 2025, la Red Federal Universitaria en Salud Mental Comunitaria realizó una Encuesta de Situación de Abordaje de la Salud Mental dirigida a profesionales de equipos de salud mental en todo el país. Respondieron 435 trabajadoras y trabajadores de 22 provincias. Con base en esos resultados se elaboró el Documento.
El documento, basado en la encuesta, advierte que los resultados configuran un cuadro alarmante. El 89% señaló que la situación social de las personas usuarias empeoró; el 87% reportó un aumento de la demanda cotidiana en los servicios; el 84% denunció deterioro salarial; el 51% informó despedidos de profesionales, principalmente en el sector público nacional.
“Estos datos no son cifras abstractas: son la voz de quienes sostienen con su cuerpo y su salud mental la red de cuidados que la reforma pretende reorganizar sin haberlos consultado”, sostiene el Comunicado. Otro punto que señala es la obsolescencia de la información epidemiológica oficial: no se dispone de datos actualizados.
Sobre la Reforma de la Ley, el documento destaca como puntos cuestionables: el carácter inconsulto del proceso, la restitución de una lógica hospitalocéntrica y médico-hegemónica, y el desconocimiento de la arquitectura de cuidados comunitarios construida en los últimos años.
La Red Universitaria demanda: la efectiva implementación de la Ley 26.657; la generación de un espacio de participación real para usuarias y usuarios, y trabajadoras y trabajadores del sector; la reactivación del Cofesama (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como ámbito federal de articulación de políticas de salud mental; el fortalecimiento y jerarquización de las funciones del Órgano de Revisión Nacional y de los órganos provinciales.
El documento completo puede consultarse a través del siguiente enlace
Fuente: Facultad de Trabajo Social