El consumo problemático de drogas y la circulación de sustancias psicoactivas se puso en agenda en el país a partir de las 24 muertes y más de 80 hospitalizaciones ocasionadas por una presunta cocaína adulterada. Durante las últimas semanas varias hipótesis y especialistas recorrieron la opinión pública en torno a la droga letal distribuida en Puerta 8, un asentamiento del partido de Tres de Febrero del Gran Buenos Aires. Gladis Martínez, docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social, reflexionó sobre el tema.
A partir de su trayectoria, que abarca más de 30 años, afirma que a los programas y dispositivos que abordan la problemática “les cuesta sostenerse sin que haya otro tipo de modificaciones, como las propias estructuras institucionales y las prácticas de los profesionales, estatales, funcionarios”. En ese sentido, destacó que “hay que volver a pensar en nuestras instituciones. Lamentablemente, el hecho de que se discuta todo mediáticamente y que la información sea de consumo vuelve demasiado problemático hacer cosas y creer en lo que hacemos”.
Martínez es trabajadora social y doctora en Ciencias Sociales. Desde el año 1988 trabaja en el ex Consejo Provincial del Menor -actualmente COPNAF- y en 1994 comenzó en el Centro Huella, por lo que tiene una amplia experiencia en el abordaje de prácticas en distintos barrios de Paraná. “Ni bien comencé, a fines de los 80 y comienzo de los 90, el consumo de drogas ya era un inconveniente. Los barrios que tenían más problemas eran los que tenían mayor conexión con el centro de la ciudad, se trataba de menudeo de muy escasa cantidad”, relató.
La docente también comentó que desarrolló diferentes programas que buscaban “poner el foco en un estado de soledad reforzado por la pandemia, que en condiciones concretas materiales de pobreza hace perder más sentido a la vida, y en una indiferencia hacia el otro que realmente hace muy difícil no apelar a consumos como modos de no pensar en lo que está ocurriendo y que hace pensar en cuál es el devenir para los jóvenes”.
La investigadora explicó que se trata de un problema que se agrava, donde prima una escasez absoluta de sentidos, la cual lleva cada vez más al consumo de psicoactivos. “Si no hay ficciones construidas recurrimos a ensoñaciones interioristas y eso es un problema de difícil solución. Requiere de pensar cómo retomamos una serie de pensamientos, de reflexiones, de modos de pensar el lazo. Es fundamental la política y la educación, la famosa educación sentimental”, profundizó.
Martínez también se refirió a los conflictos que ocasiona la problemática en el entorno: “Tenemos que ser capaces de pensar, con esos protagonistas, cómo hacer para organizar otros guiones que no sean tan destructivos y autodestructivos”. Además, enfatizó en la complejidad que significa el consumo de drogas para los sectores históricamente vulnerados y la diferencia con quienes tienen más poder adquisitivo, que “son los que gozan y tienen menos problemas con ello, en el sentido de la persecución policial o de comprar cosas que pueden estar adulteradas”. Según la docente, “quienes viven en barrios materialmente pobres tienen una situación mucho más compleja y complicada”.
Pensar las políticas sociales en torno al consumo problemático
Argentina es el tercer país con mayor consumo de cocaína en América y el noveno a nivel mundial. Así lo describe el último Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la a Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC-ONU). Durante la última década, la prevalencia del consumo de cocaína aumentó 129% en nuestro país, en comparación al registro de 2011 y es el territorio que ha mostrado mayor crecimiento entre las naciones del continente americano con tasas de consumo más elevadas.
Según el mismo informe, la fabricación ilícita mundial de cocaína alcanzó un máximo histórico de 1.976 toneladas en 2017. En este marco, las políticas sociales que abordan la problemática requieren un tratamiento comunitario que contemple las complejidades. Al respecto, Martínez manifestó que “en un país donde conseguir atención médica integral es difícil, si bien tenemos salud pública, y donde 50% son pobres, no es tan fácil pensar en la legalización de psicofármacos ilícitos”.
El consumo de drogas atraviesa todas las clases sociales, lo que se pone en juego son las condiciones de posibilidad en cada caso, es decir, la calidad de la sustancia a la que se accede, la vulnerabilidad de derechos y la situación social, económica y sanitaria. “El mismo remedio puede variar a veneno, depende de la dosis, la medida, que es de lo que carece el sistema capitalista. Entonces, ¿cómo educamos en su justa medida a los ciudadanos?”, reflexionó.
En el mismo sentido, la trabajadora social sostuvo que “sí hay que ver maneras de que el Estado se haga cargo, pero la cuestión del consumo, del abuso y de las muertes no está ligado solamente al consumo de drogas ilegales, sino a una vida de ‘ir atrás del placer’, que es la misma que lleva cualquier persona consumidora de bienes. Es muy difícil poner límites o intentar que alguien los acepte en un mundo que no los tiene”.
Martínez relata que desde los años 90 se viene trabajando en torno a la Ley 23.737 de Régimen legal de estupefacientes y a la contemplación de la tenencia y consumo como delito federal, dado que constituyen un problema a la hora de brindar atención a las personas. “Hace muchos años ocurre que terminamos asistiendo actos de pequeños vendedores, mediante la judicialización, y no tiene ningún tipo de relevancia la prevención y la atención de quienes solamente son consumidores. Siempre está la mediación del Poder Judicial”.