La Ley N° 27.675 de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representa un avance histórico en la ampliación de derechos. A partir de la legislación, se propone profundizar en políticas públicas desde un abordaje integral y un enfoque de salud colectiva, para brindar contención, información y romper con los estigmas sociales que afrontan las personas positivas.
Detrás de la nueva norma, sancionada por el Congreso de la Nación el jueves 30 de junio, habita un entramado de activismo social. En diálogo con UNER Medios, Gabriel Clariá relató el proceso que tuvo el proyecto, la importancia de su implementación en el contexto actual y el nuevo enfoque que reviste la normativa. “Todos estos años en que nos golpeó la pandemia por VIH Sida nos demostraron que la respuesta médica destinada al tratamiento no es suficiente, ya que el virus se inmiscuyó en otros aspectos de la vida cotidiana y generó muchísima desigualdad, discriminación y falta de acceso”, sostuvo.
El proyecto aprobado esta semana ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 y es el resultado de un esfuerzo conjunto de más de 200 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de VIH, y vienen impulsando debates en torno a la legislación. “Se trabajó a lo largo de 8 años y se presentó 4 veces en total”, detalló el graduado de la Facultad de Trabajo Social.
“Pese a que en las dos oportunidades previas se logró dictamen de las comisiones de Salud y Presupuesto a las que fue enviado el proyecto, no hubo un consenso de todo el arco político en la Cámara baja y, como consecuencia, perdió su estado parlamentario”, explicó Clariá, quien además es investigador, docente y activista. La última versión del texto jurídico “fue impulsada por la diputada Nacional por Entre Ríos Carolina Gaillard, con el acompañamiento de entre 40 y 50 diputadas y diputados de diversos sectores político partidarios”, mencionó.
Se trata de una norma que reemplaza a la Ley Nacional de Sida N° 23.978 de 1990, centrada en una mirada biologicista y biomédica de diagnóstico y tratamiento. Inaugura así un cambio de paradigma hacia una perspectiva de derecho y un enfoque de género, para romper con las estructuras de estigmatización, discriminación y avanzar en políticas integrales. “Tener el virus en el cuerpo implica volver a aprender a generar vínculos de cualquier tipo -sean familiares, de amistad, sexo afectivos-, atravesados por la condición que genera el estigma”, mencionó.
El referente también se refirió al “doble estigma” que afronta “la mayoría de las personas que tenemos el diagnóstico de VIH positivo, sea por condiciones socioeconómicas, o vinculadas con nuestra identidad, o corporalidad”. Así, remarcó la importancia de que exista “una legislación que dé respuestas de manera integral”, valoración que se justifica asimismo por “el rebrote de infecciones de transmisión sexual y de virus, que en algún momento creíamos ya erradicadas o con baja presencia en la comunidad, y no contaban con ninguna ley de protección”.
Sobre la Ley
El proyecto, que obtuvo 60 votos a favor y uno en contra, significa un gran avance en materia de derechos. A partir de su implementación, se intenta garantizar el acceso universal y gratuito al tratamiento de todas las afecciones que incluye, a través del sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Además, establece la disponibilidad de insumos y materiales destinados a la prevención, el tratamiento y la asistencia. De tal forma, los tests para estas enfermedades serán voluntarios, universales y confidenciales.
Por otro lado, promueve la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación e impulsa la capacitación, la investigación y la divulgación de información rigurosa y actualizada. “Tiene un apartado sobre soberanía científica, que alienta la producción pública de medicamentos, lo que evita faltantes y permite recibir atención en efectores cercanos al lugar de residencia”, destacó el activista.
La democratización de las condiciones de acceso a la información también es otro punto importante del documento, para lo cual dispone la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis. En situaciones de vulnerabilidad social, permite la jubilación con anticipación y el acceso a pensiones no contributivas vitalicias. “Esto permite asegurar que las personas diagnosticadas no sufran -como consecuencia- inequidad económica, en el acceso al trabajo, la vivienda digna o a cualquier derecho, que muchas veces son vulnerados debido a la desinformación”, finalizó.
