Tras meses de reclamos sostenidos por la comunidad universitaria, cuatro marchas nacionales y a la espera de una resolución de la Corte Suprema sobre la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario que no se está cumpliendo, autoridades y gremios universitarios de todo el país, sin abandonar el reclamo mencionado, aceptaron la propuesta del Gobierno Nacional, que incluye además un compromiso de diálogo trimestral.
Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos se puso especial énfasis en el esfuerzo sostenido de la comunidad universitaria y el acompañamiento de la sociedad argentina en defensa de la educación pública ante este difícil escenario lo que permite avanzar en reuniones paritarias. En este sentido el reclamo por la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continúa vigente.
A partir del nuevo entendimiento alcanzado entre el Consejo Interuniversitario (CIN) en representación de las y los rectores, los gremios docentes y no docentes y el Poder Ejecutivo Nacional, comenzará a aplicarse una recomposición salarial para docentes y no docentes del 24,3% – en dos tramos -, con el compromiso adicional de mantener una mesa salarial que convoque a nuevas reuniones paritarias. Por otra parte se acordó una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano y la conformación de una comisión especial que analice el estado de situación de las becas Progresar y una recomposición parcial de gastos de funcionamiento que alcanzan el 20% para las universidades nacionales.
La actualización de salarios convenida con aplicación a partir de junio, más el compromiso de otro porcentaje de aumento para octubre, constituye un paliativo parcial para las casas de estudio. No obstante, no suple lo dispuesto en la normativa, por lo que el reclamo de cumplimiento de la Ley sigue vigente y se dispuso la realización de nuevas instancias para continuar el diálogo. La próxima paritaria está prevista para el 15 de septiembre y se sostiene el compromiso de continuar las negociaciones cada tres meses.
Si bien esto significa un avance que compensa parte de la pérdida de poder adquisitivo del último año, aún queda pendiente recomponer un gran porcentaje del 2024. Dicha situación intenta dar respuesta a las demandas urgentes del sistema universitario, pero que para nada resuelve completamente el conflicto por el financiamiento. En ese marco, la lucha por el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se sostiene.