En medio de un clima de tensión social, comenzó a discutirse en el Congreso de la Nación el proyecto de ley que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que permitirá al gobierno avanzar en la cancelación de la deuda externa contraída en 2018. Al respecto, Ignacio Trucco nos ayuda a comprender cómo nació el vínculo crediticio y qué implica para la economía de nuestro país. 

El debate en la Cámara de Diputados tuvo lugar el jueves 10 de marzo en el marco de una sesión especial, con una fuerte resistencia de manifestantes en las calles. Trucco, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, expresó a UNER Noticias que conocer el origen de la deuda “es un aspecto muy importante, porque permite poner en contexto lo que está ocurriendo y las características estructurales del funcionamiento de la economía argentina”.

Según el doctor en Economía, la situación actual se desencadenó en 2016 con la toma de deuda pública con acreedores privados, es decir, de fondos financieros internacionales. “Este endeudamiento en dólares era muy desproporcionado, enorme, en relación a lo que se puede exportar año a año en Argentina”, remarcó. Además, detalló que el dinero, “se destinó a fortalecer las reservas del Banco Central y –en mayor parte– al mercado de cambios, sin ningún criterio estratégico para el desarrollo de las exportaciones, cuya capacidad fue la misma antes y después del préstamo”. 

Para Trucco, “se podía intuir desde el primer momento que Argentina no iba a tener capacidad de pago”. Relató que en 2018 el flujo de ingresos pasó a ser de egresos. “La salida de capitales se aceleró y puso en riesgo la estabilidad de la moneda a nivel estructural, es decir, la posibilidad de una inflación mucho más fuerte que la que conocemos hoy en día”. Este proceso “comprometió las reservas del Banco Central y provocó una devaluación –megadevaluación en 2019– que generó un superávit comercial compatible con el necesario para pagar los intereses de la deuda”, describió. No obstante, según el economista, “a costa de un enorme desempleo, una fuerte caída de la actividad económica y un aumento de la pobreza”.

Se destinó a fortalecer las reservas del Banco Central y –en mayor parte– al mercado de cambios, sin ningún criterio estratégico para el desarrollo de las exportaciones, cuya capacidad fue la misma antes y después del préstamo

En ese marco, en mayo de 2018 el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, inició negociaciones con el FMI para obtener un préstamo que representó 51.000 millones de dólares. Argentina accedió a Acuerdos de Derecho de Giro –Stand-By–, una línea de crédito que fija importantes condiciones: se deben alcanzar metas cuantitativas enfocadas en las reservas internacionales, el nivel de déficit o el endeudamiento público, entre otras variables, y los desembolsos están supeditados a su cumplimiento. 

“Fue un préstamo para evitar que las consecuencias del endeudamiento irresponsable con acreedores privados generen una crisis e inestabilidad profunda para Argentina, comparable con la del 2002 o la de 1989, y proteger políticamente al presidente de ese momento”, manifestó el investigador. Tres meses después de la toma de deuda, se solicitó una ampliación que significó desembolsos totales por 57.100 millones de dólares. “Se trata de una situación muy negativa para el Estado, porque se endeuda pero no genera capacidad exportadora”, sostuvo. 

En ese contexto, se impulsó la renegociación con el FMI a la que acontece nuestro país en estos días. Trucco expresó que esta instancia es muy importante dado que, ante el endeudamiento, “el organismo internacional tiene un poder de veto sobre la economía argentina. Si impone condiciones duras, como liberalizar el mercado de cambios o forzar un pago de deudas e intereses alto en este momento, cuando no tenemos reservas ni capacidad de pago, implicaría directamente forzar una crisis de nuestra moneda, una recesión económica y una inestabilidad social y política”. 

El acuerdo, “permite al gobierno vigente, por ejemplo, mantener el control de capitales sin lo cual la economía no podría funcionar y evitar una megadevaluación, incluso con una política de gasto público razonable, compatible con un crecimiento del 3% para el 2022 y 2 puntos y algo para el siguiente”. Sin embargo, “esto tiene sus costos, porque ante un aumento de los precios internacionales Argentina podría crecer mucho más y no lo va a poder hacer porque deberá dedicar parte de esos fondos a pagar al FMI y acreedores privados”.

La negociación, defendió el economista, “debería ser pensada como un punto de partida para diseñar políticas y estrategias de integración financiera razonables, basadas en el fortalecimiento del peso como activo de ahorro de los argentinos y en la utilización de los dólares para el desarrollo de capacidades exportadoras”. El desafío ahora, afirmó, es “interpretar bien la situación en que se encuentra Argentina, las razones por las cuales se llegó a esto y asumir los costos que implica, pero con la prospectiva de superarlos”.