Una herramienta pedagógica que protege derechos y tiene su historia en la UNER. Re-pensándose a lo largo de los años y superando desafíos, Luciana Basso nos habla de transversalización, tensiones y apropiaciones. 

Los protocolos contra violencias sexistas existen en el sistema universitario argentino desde el 2014. Surgieron a partir de situaciones que venían ocurriendo en sus aulas, pasillos y laboratorios. También por la inflexión que significó para el país el Ni Una Menos en 2015. Luciana Basso es la autoridad de aplicación del Protocolo en la Universidad, que este mes cumple ya 6 años de su existencia. En diálogo con UNERMedios, la docente explica que en la UNER, “ya desde 1983 con el retorno de la democracia, hubo compañeras que comenzaron a generar conocimiento en torno de la perspectiva de género y de la violencia basada en el género. Primero desde proyectos de extensión y luego desde el ámbito de la investigación”.

La Facultad de Trabajo Social fue quien propuso al Consejo Superior la creación de un protocolo en el que todas las unidades académicas tuvieron su participación. Finalmente, en diciembre del 2017, su aprobación quedó plasmada en la Ordenanza 436. 

Atender con política universitaria los casos de violencia 

Basso señala como punto de inflexión para atender a las cuestiones de género la conformación de la Red Universitaria de Género (RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Anteriormente funcionaba como una red movimientista, pero a partir de esta decisión logró una entidad institucional importante y produjo política universitaria. 

“El protocolo es una guía de acción que coloca la mirada sobre la violencia sexista e impulsa otras acciones para atenderla”, expresa la licenciada en Comunicación Social. La posibilidad de pensar la transversalización de la perspectiva de género en la universidad como institución, en las carreras y en la formación de futuros y futuras profesionales, es una de ellas. 

Asimismo, Basso remarca la participación del protocolo en el plan institucional participativo de la UNER (PIP), para que la perspectiva de género sea una de las líneas transversales del programa. De la misma manera, esta mirada también tuvo su impacto en la reforma del estatuto. “Es importante porque esto produce de acá para los futuros años de la universidad, que no se termina con nosotras, sino que ya viene y va a seguir”, enfatiza. 

Las distintas formas de actuar de Protocolo

“El protocolo siempre se ha preocupado por intervenir de manera conjunta, con los equipos de referentes que son los que conocen las facultades y sus dinámicas. También contamos con instituciones que el estado provincial nos brinda para disponer de casos en particular”, precisó.

Bajo esa línea, la referente aclara que: “Cada situación es abordada de forma diferente porque no se puede responder con una receta, hay distintos modos de protección y de intervención”. Hay casos en los que se informa a la justicia y otros en que en que se atiende a la salud mental. En otras situaciones se han trabajado abordajes comunitarios, como cuando hay situaciones que no son estrictamente interpersonales. Se realizan charlas, seminarios y acciones reparatorias. En ese sentido manifiesta: “A nadie le gusta aplicar sanciones, no tenemos esa intención pero cuando no hay más alternativa debemos hacerlo. Buscamos trabajar de un modo pedagógico para poder pensar otros modos de comunicarnos, de aprender, de transitar los espacios de trabajo y de educación”. 

“Siempre se busca resguardar a la persona que viene a consultar, tratando de que sea más sencilla esa vida que ya está vulnerada con la situación de violencia. Por eso, todas las acciones son acordadas con quien se acerca al equipo, teniendo en cuenta su mirada, lo que necesita y quiere”, añadió. 

La discusión entre lo punitivista y lo no punitivista estuvo desde sus orígenes. “La sensación en torno a que esto iba a producir una especie de caza de brujas se notaba cuando una hablaba con colegas o en los pasillos de las unidades académicas”, expresa Basso. Lejos de serlo, el protocolo también garantiza que los procesos no vulneren el derecho a la educación o el trabajo, generando diferentes estrategias. En el caso de estudiantes, por ejemplo, diseñando trayectos virtuales o semipresenciales, para que la protección de un derecho no vulnere otro.

Una herramienta en términos de protección de derechos

El protocolo es una guía de acción en una situación de crisis, que tiene que ver con la violencia basada en género. Sin embargo, Basso sostiene que, si bien la posibilidad de la exigibilidad del derecho está, necesita institucionalizarse dentro de la universidad. “No solamente como una herramienta puntual, sino como  una cuestión más estructural, que a la vez, pueda pensar y delinear políticas con perspectiva de género, que pueda trabajar en las líneas que la universidad trabaja, en extensión, investigación y que genere transformaciones en la vida  diaria institucional”, expone. 

Además señala que: “La universidad  tiene mucho trabajo para hacer en torno de la diversidad sexual, genérica en los claustros docente y estudiantiles y en torno a los espacios laborales”. Quienes se han apropiado del protocolo son precisamente los grupos de estudiantes de todas las facultades, mientras que el personal administrativo y docente son quienes menos acuden. “Es necesario hacer ese salto en torno al uso de la herramienta por parte de esos espacios, y eso se consigue con la institucionalización”, afirma. 

En función de los casos que atendieron en estos 6 años, la referente de protocolo informa que “hemos tenido pocas situaciones de violencia sexual y violencia fisica. La mayoría de las consultas viene por parte de violencia simbólica y psicológica. También la figura del acoso se destaca, y los lugares que señalan en general son pasillos, aulas y las redes sociales”.

Desafíos para seguir creciendo

Respecto a los obstáculos por superar, Luciana Basso reflexiona que “no contamos con un asesoramiento jurídico propio en las situaciones presentadas en el protocolo, o en aspectos de salud mental para orientar las consultas que llegan. Tampoco con un espacio como una consejería de la comunidad universitaria que pueda recoger las situaciones que son percibidas como injustas o violentas pero que no están basadas en el género. Siempre articulamos con los espacios que tiene el estado provincial para este tipo de cosas. Por el momento ha sido una buena experiencia, pero hay cuestiones estrictamente de lo académico que se quedan por fuera en ese abordaje. También nos queda construir una figura intermedia entre la denuncia final  y la manifestación de situación de violencia, de dar a conocer algo qué pasó, que, aunque no se constituya en denuncia propiamente, pueda facultar la actuación de los equipos o a la autoridad de aplicación. Algo que no sería solo una consulta y se formalice”. 

Por último, el equipo de trabajo  que participa de la RUGE, busca construir un registro único de violencia de todas las universidades que funcione a través de los sistemas informáticos que tiene la universidad, como el Tehuelche y el Kolla. “Es importante porque eso produce datos y luego, política universitaria. La información debe estar visible, por supuesto con los cuidados del caso y con la confidencialidad de las situaciones”, explica Basso.

En sus 6 años de vida, el protocolo se ha repensado en función de la realidad cambiante, también ha sabido detectar problemas y cambiar funcionamientos. En este 2024 se propone seguir trabajando para toda la comunidad universitaria, para que con pedagogía, propuestas y deconstrucciones, podamos pensar en otras formas de comunicar, trabajar y relacionarnos. 

Para acceder a la página web del Protocolo, dirigirse al siguiente enlace.