El proyecto de Ley Nacional para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo obtuvo la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, el 26 de octubre pasado. La iniciativa propone crear una coordinación interministerial para aplicar políticas integrales de vivienda, salud y trabajo, destinadas a la población que atraviesa esta problemática en todo el territorio nacional.
En diálogo con UNER Medios Verónica Rocha y Delfina Recalde, docentes extensionistas y representantes de la Facultad de Trabajo Social en la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, reflexionaron en torno a la importancia de la norma tan esperada para las personas sin techo.
Significa “apostar a la institucionalidad en términos de políticas públicas y pasar de una lógica de necesidad a una mirada de derechos que tienen que ser garantizados. Aparecen actores que tienen una responsabilidad en su cumplimiento, el Estado cumple un rol central y organizador porque debe abordar esta problemática y hacerse cargo”, sostuvo Rocha.
El derecho a la identidad personal, a una vivienda digna, al uso y acceso a los servicios, infraestructura y espacios públicos, a los servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo, al respeto por la dignidad humana e integridad física, son algunos de los que la propuesta de ley busca garantizar. “La media sanción que obtuvo este proyecto de Ley es algo muy esperado y fue posible porque se impulsó desde un grupo de organizaciones sociales que vienen trabajando en torno al tema”, expresó Recalde.
“Rescatamos la perspectiva que tiene la propuesta de ley, porque se sustenta en tratados internacionales de derechos humanos. Plantea no sólo una cobertura para las personas en situación de calle, sino que se amplía a quienes están en riesgo de quedar en esa condición”, explicó la magíster en Salud Mental. También destacó que la norma “habla de personas y de familias, sin distinción de género y nacionalidad”.
“La idea es que no tenga una connotación de refugio, sino que permita pensarse en términos de autonomía”
Verónica Rocha
El texto de la legislación aún en debate propone la apertura de una red nacional de Centros de Integración Social de atención permanente, disponible las 24 horas. Al respecto Rocha, magíster en Trabajo Social, manifestó que “la idea es que no tenga una connotación de refugio por lo que significa en términos de estigmatización, sino que permita a las personas pensarse en términos de autonomía. Es una problemática muy compleja y por eso es fundamental contar con equipos interdisciplinarios”.
Por su parte, Recalde remarcó que “la problemática no tiene que ver con no tener vivienda, no se resuelve con otorgar viviendas, sino que cada situación es singular y compleja. Es necesario un trabajo intersectorial, totalmente transversal, que necesita de todas las miradas y de un trabajo articulado”.
El proyecto de ley también aspira a la participación de las personas en situación de calle en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, contempla la realización de un relevamiento nacional anual en todo el país, la creación de un Sistema Nacional de Atención Telefónica y una casilla de correo gratuita, que oficie de dominio provisorio.
“La propuesta de Ley hace algunas categorizaciones y conceptualizaciones desde una mirada muy amplia, universal”, defendió Rocha. Además mencionó que el desafío será reformular las ordenanzas locales y sus fundamentos en correlato con la ley que se está discutiendo.
Visibilizar la problemática
Según las docentes, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por Covid-19 fue un punto bisagra en torno a la problemática. “La pandemia marcó un hito, porque si bien complicó la vida de muchos sectores de la población, una de las expresiones de la exclusión social más seria es la de la gente que vive en la calle y que no tenía cómo garantizar el aislamiento. Quedarse en casa no era una posibilidad para las personas que no tienen dónde”, sostuvo Rocha.
La docente además sostuvo que la reciente media sanción “también tiene que ver con un contexto político que favorece estos procesos, porque la ley está encajonada desde el 2017, durmió todos estos años”. Asimismo enfatizó: “Que algunas problemáticas adquieran agenda pública y tengan la posibilidad de pensarse con una regulación por parte del Estado tiene que ver con que hubo actores importantes que la impulsaron, con voces importantes, que vienen trabajando y con gobiernos que habilitan el acceso a derechos de la ciudadanía”.
Estas cuestiones no pueden ser pensadas desde el amor, la lástima o la solidaridad. Tienen que ser pensadas como una obligación del Estado.
Verónica Rocha
Recalde, por su parte, además resalta la importancia de pensar las prácticas, “porque en el abordaje de estos temas hay muchas miradas asistenciales, tutelares, y la ley se posiciona desde otro paradigma en que las respuestas tienen que abordar la integralidad de los sujetos y la complejidad de las problemáticas”. A lo que se suma su colega: “se trata de desromantizar a ese sujeto, porque no es la lástima el lugar desde el que nos paramos. Estas cuestiones no pueden ser pensadas desde el amor, la lástima o la solidaridad. Tienen que ser pensadas como una obligación del Estado de garantizar dispositivos de promoción de derechos”, remató Rocha.
Aportar desde la Universidad
En ese marco, en 2020 las docentes presentaron un proyecto de Acciones de Extensión de Emergencia que incluyó a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y organizaciones sociales, para trabajar en torno a la problemática junto a las personas que integran el refugio municipal ubicado en el CIC II Este de Paraná.
Habitar las calles en pandemia fue el título del primero, en el cual la Ley ya se marcó como un objetivo. La iniciativa apuntó a reforzar y reconstruir los vínculos afectivos de las personas involucradas, para pensar en procesos de autonomía por fuera de los dispositivos de alojamiento. “La idea era escucharse, que circule la palabra, conocer las diferentes historias, los recorridos. Trascender la cuestión de la asistencia para pensar cómo seguir cuando salgamos de la pandemia”, relató Rocha.
Bajo esa premisa, en el segundo proyecto las líneas abordadas se orientaron a generar fuentes de trabajo y se organizaron talleres de capacitación. “Ese fue el inicio de nuestro recorrido más intenso en la problemática, empezamos a estudiar, a leer, a formarnos, respecto a las intervenciones y a la población involucrada”, señaló la trabajadora social.
Para las profesionales es imprescindible seguir diseñando desde la UNER acciones colectivas junto a otras universidades. “Formar en este campo, es nuestra manera de aportar, para construir sentidos en relación con la problemática. La idea es ir armando redes con estudiantes de diferentes disciplinas y abordar la problemática de manera transversal, interdisciplinar. De esa manera también estaríamos contribuyendo a instalar también el problema en el ámbito académico”, manifestó Rocha. “La ley en Diputados nos dio un piso, marca que desde acá no retrocedemos, el desafío es ir por más”, coincidieron las docentes.
