Un proyecto de la Facultad de Trabajo Social indaga sobre estos espacios y mecanismos institucionales de protección de derechos.
“Nos propusimos esta investigación para analizar las intervenciones profesionales y la construcción de la subjetividad dentro de los refugios para mujeres que son víctimas de violencia en la provincia, desde un enfoque de género y tomando localidades de las dos costas de Entre Ríos”, explicó en una entrevista para UNER Medios la licenciada Cristela Ramírez, co-directora del proyecto.
La profesional detalló que estos espacios “integran la ruta crítica transitada por mujeres en busca de respuestas y soluciones para diversas modalidades de violencia ejercidas contra ellas”. En relación a esto, “las intervenciones profesionales operan como vectores de producción subjetiva que fortalecen o inhiben el empoderamiento de las mujeres, contribuyendo simultáneamente a la erradicación o reproducción de la problemática que abordan”, argumentó. Asimismo, señaló que “no se han hallado otros trabajos de carácter nacional o provincial, por lo que continúa siendo un área de vacancia en este sentido”.
La sistematicidad y gravedad que adquieren esas violencias en nuestro país y de las que no se sustrae nuestra provincia, ha llevado a enmarcarlas por primera vez en un documento público del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas emitido en 2017, como hechos de tortura, malos tratos inhumanos y degradantes.
El trabajo de los refugios se enmarca en la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social destacó que “esta normativa fue sancionada en 2009 y establece que el Estado debe promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones, para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia. Deben tener garantizadas instancias de tránsito para su atención y albergue, en los casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza inminente para su integridad física, psicológica o sexual, teniendo que estar orientada a la incorporación inmediata a su medio familiar, social y laboral”. Asimismo, especificó que “Entre Ríos cuenta con varios de estos mecanismos de protección, para albergar a mujeres solas o en compañía de sus hijos. Al menos dos de ellos son recientes y fueron inaugurados en 2015”.
Dinámica de trabajo y lugares seleccionados
El relevamiento abordó localidades de ambas costas de la provincia: el Hogar de Protección Integral Inés Londra, situado en Paraná, y el Hogar de Protección Integral Nuevo Amanecer, radicado en Concepción del Uruguay. Se efectuaron entrevistas con las coordinadoras, el equipo técnico y operadoras de ambas instituciones. “Debido a la pandemia pudimos concretarlas mediante distintos canales electrónicos, ello implicó una experiencia inédita en nuestra trayectoria investigativa”, remarcó la docente.
Ramírez también mencionó que decidieron incluir un tópico no previsto, que refiere a la intervención de los refugios considerando el Covid-19. “La situación provocó convivencia forzada con el agresor, mediando aislamiento incluso de sus redes de apoyo en situaciones de violencia”, describió. También especificó que “a esto se sumó el cierre de trabajos informales y la restricción de acceso a los servicios tanto de salud mental como los orientados a derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”.
Acerca de la información que fue de interés para el relevamiento, detalló que “algunas de las preguntas establecidas se referían al porcentaje de mujeres víctimas de violencia que concurren, sus edades, cuál es su lugar de procedencia y clase social, con qué presupuesto cuentan estos establecimientos, qué profesionales trabajan allí y si han podido acceder a las capacitaciones en perspectiva de género. El interés en esta problemática surge precisamente a partir de la inexistencia de información oficial sobre la situación en que se encuentran las casas que acogen a mujeres víctimas de violencia en la provincia”.
Refugios durante la pandemia
Consultada sobre la transformación en la dinámica de los refugios durante las restricciones en pandemia, la entrevistada remarcó: “Al interior de las organizaciones también se produjeron cambios en la dinámica de la atención de los equipos: el teletrabajo, la suspensión de los espacios grupales, se repensaron los modos de organización, el ingreso y aislamiento de las mujeres en una habitación. La cancelación de salidas, que puso en tensión patologías de salud mental, medidas sanitarias que se sumaron, la capacidad de recepción de nuevas ingresantes, el acatamiento de las medidas gubernamentales, entre otros aspectos”.
Asimismo, explicó que la pandemia sumó complejidades a la cuestión vincular. “Ingresar a un refugio para mujeres víctimas de violencia de género es una decisión difícil de tomar, a veces desesperada y no querida. Además de romper una relación, implica salir de la casa en el momento que las mujeres y sus criaturas puedan hacerlo, y en las condiciones que puedan”, sostuvo. No obstante, afirmó que “los refugios representan una posibilidad para salir de una relación violenta y dañina, del peligro inminente en el que están y, en el mejor de los casos, el comienzo de una nueva vida lejos del agresor. La pandemia recrudeció la problemática, ya que faltaron fortalecimientos de otros vínculos como la comunidad y la familia en una población que ya de por sí tenía sus derechos vulnerados”.
El trabajo que realizamos arroja pistas para seguir indagando en el modo de planificar, ejecutar o evaluar las políticas públicas que enfocan este problema, y la forma en que se plantean tensiones en los refugios que necesitan reactualizarse y redefinirse constantemente.
Finalmente, Ramírez enfatizó sobre la necesidad de “conocer cómo son esas intervenciones profesionales que se establecen en los hogares. La población objetivo de esas casas son mujeres que tienen problemas de violencia muy importantes, situaciones económicas desfavorables, que quedan en situaciones de calle, y en estas realidades la intervención del Estado ya es tardía”. En este sentido, manifestó que “se requiere de una intervención compleja, mediante políticas efectivas para sacarlas de esa situación. Por tratarse de un proyecto que conlleva un interés compartido con instituciones público-estatales, es esperable que los resultados de la investigación potencien el accionar de estas últimas respecto a la defensa y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia en Entre Ríos”.
Finalmente, la investigadora mencionó que actualmente se encuentran analizando la información recabada a partir de entrevistas en profundidad a los profesionales que intervienen en estos espacios y que darán a conocer oportunamente las conclusiones del trabajo.
